Fuente: Madrid/Geoscopio.
La Comisión Europea ha decidido emprender nuevas acciones legales contra varios estados miembros, entre ellos España, por el incumplimiento de la legislación de la UE sobre calidad del agua.
La legislación en cuestión está constituida por las directivas que regulan las aguas superficiales, las aguas de baño, el agua potable, las aguas para cría de moluscos, las aguas residuales urbanas y los nitratos. La acción legal también se refiere a un acuerdo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación.
Los países que incumplen esta normativa sonFrancia, Grecia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, España y el Reino Unido.
Margot Wallström, Comisaria de Medio Ambiente, ha comentado estas decisiones declarando que la Comisión Europea debe responder al especial interés de muchos ciudadanos por una fuerte protección de las aguas velando por que los Estados miembros cumplan la serie de acuerdos comunitarios adoptados al efecto.
Es esencial que todos los Estados miembros se ajusten plenamente a estas medidas legislativas si se desea garantizar una gestión sostenible de la cantidad y la calidad del agua en Europa.
Se llevará a estos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 226 del Tratado por su incumplimiento del plazo de diciembre de 2000 para incorporar la nueva Directiva sobre las aguas destinadas al consumo humano a sus legislaciones nacionales respectivas.
España ha remitido un proyecto de parte de la legislación requerida, pero no se han recibido aún los textos finales adoptados.
Cuando la Comisión considera que puede existir una infracción del Derecho comunitario que justifique la apertura de un procedimiento de infracción, dirige un "escrito de requerimiento" al Estado miembro, solicitándole que presente sus observaciones en un plazo fijado, que suele ser de dos meses.
En función de la respuesta o falta de respuesta del Estado miembro, la Comisión puede decidir enviar un dictamen motivado estableciendo de forma clara y definitiva las razones por las que considera que ha habido una infracción del Derecho comunitario e instando al Estado miembro a cumplirlo en un plazo determinado .
Si el Estado miembro no se atiene al dictamen motivado, la Comisión puede tomar la decisión de recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
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